La precariedad del sistema penitenciario entra en el debate sobre la mayoría de edad penal

Dos comisiones parlamentarias de la Cámara de Diputados de Brasil dedicaron, este miércoles 11, audiencias públicas simultáneas para discutir la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) 32/2015, que trata de la reducción de la mayoría de edad penal. Una de ellas es una comisión especial sobre el tema, iniciada el martes 10.

El otro colegiado que se ocupó del asunto fue la Comisión de Seguridad Pública y Combate al Crimen Organizado de la Cámara. Ambas audiencias recibieron a juristas, abogados, trabajadores de la seguridad pública y representantes del gobierno federal y del Ministerio Público.

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Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, mostró preocupación por colocar a adolescentes condenados por delitos de menor potencial ofensivo a cumplir pena en una cárcel de adultos, donde hay presencia de facciones.

“Cuando se discute la reducción, no será solo para delitos violentos y patrimoniales, será para toda la legislación penal”, dijo a la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara.

“El encarcelamiento masivo podrá representar la posibilidad de que esos adolescentes que sean castigados por los más diversos delitos, al cumplir penas en los establecimientos junto con adultos, puedan servir de masa de maniobra por parte de los liderazgos criminales”, añadió.

El abogado penalista Francisco Alminhana, favorable a la reducción de la mayoría de edad penal, sugirió incluir reglas de transición para el joven condenado por algún delito.

“No sirve simplemente arrojar a esos jóvenes a la cárcel, donde van a pasar muchos años cumpliendo pena, y olvidar que van a volver. Y si vuelven en mala condición, nosotros aquí seremos víctimas nuevamente”.

El abogado también cuestionó las condiciones del sistema penitenciario para resocializar a este joven. “¿Cuál es la protección que ese menor tiene dentro de una cárcel de mayores? Ninguna. Si el propio Estado no tiene condiciones de controlar la cárcel, gran parte de ellas dominadas por el crimen organizado”.

Otra voz en el mismo sentido fue la del propio relator de la PEC. El diputado Mendonça Filho (PL-PE) está convencido de la reducción de la mayoría de edad penal y, según adelantó, presentará un dictamen en ese sentido. Pero defiende un establecimiento penitenciario separado.

“Estoy de acuerdo en que el sistema penitenciario brasileño está deteriorado desde hace mucho tiempo, se convirtió en oficina del crimen. Uno de los presupuestos que he defendido públicamente es que el cambio constitucional con relación a la mayoría de edad penal tiene que tomar en cuenta el cumplimiento de la pena en un establecimiento distinto de las cárceles para los mayores de 18 años”.

La posición del diputado no es nueva. Él ya venía defendiendo esa medida, que debe constar en el informe final

Ineficacia

Representantes del gobierno federal y del Ministerio Público presentaron datos que relativizan la eficacia de la medida. Para el secretario nacional de Políticas Penales del Ministerio de Justicia, André Garcia, que los menores infractores de 16 y 17 años sean encarcelados como adultos no hará más seguras a las ciudades.

Según Garcia, actualmente hay 12,2 mil menores cumpliendo medidas socioeducativas de internación o semilibertad. Por otro lado, hay 727 mil adultos presos. Y cuando se habla de delitos atroces, destacó, su práctica por menores de 18 años no llega al 2% de los casos.

“Al mismo tiempo, es importante que no seamos ajenos al sufrimiento de las víctimas”, ponderó en la Comisión de Seguridad Pública. Él defendió el debate sobre un cambio en la legislación.

Para él, este es un porcentaje menor, que no hará, desde el punto de vista práctico, diferencia en la política de seguridad pública.

"El ciudadano brasileño no estará más seguro por causa de esto. Pero es preciso reconocer la legitimidad de ese debate y reconocer que, en esos actos infraccionales practicados con gravedad, como violaciones, homicidios, robos seguidos de muerte, feminicidios y tortura, haya una aplicación de la sanción, que hoy considero insuficiente”.

Representante del Consejo Nacional de los Procuradores Generales (CNPG) y de la Asociación Nacional de los Miembros del Ministerio Público (CONAMP), Daniele Tuoto señaló en la comisión especial que un cambio en la responsabilización prevista en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) podría traer la eficacia deseada por la población.

Según explicó, cualquier acto infraccional practicado por un menor de edad conlleva la misma previsión de tiempo de internación. Sea un homicidio, sea una lesión corporal, son de 6 meses a 3 años de internación.

“Esos actos de extrema gravedad pueden ser rediscutidos dentro de la niñez y la juventud. Usted mantendría a los adolescentes en el sistema socioeducativo, con experiencia, protección, con equipo técnico, con cursos y todo lo que tenemos que ofrecer en una unidad. Y no sería necesario colocarlos en el sistema penitenciario”.

“Las vidas importan”

Al defender la reducción de la mayoría de edad penal, Mendonça Filho destacó la importancia de castigar el homicidio, que calificó como “el peor de los delitos”. “Independientemente de la franja etaria, quitar la vida de otra persona es el peor de los delitos. "Todas las vidas importan", dijo el relator, atribuyendo erróneamente la frase al movimiento negro de Estados Unidos.

El movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) surgió en 2013 en Estados Unidos, tras la absolución de un hombre blanco que habría matado a un adolescente negro. Sin embargo, ganó repercusión global tras la muerte de George Floyd, hombre negro, en una intervención policial ocurrida en 2020 en la ciudad estadounidense de Minneapolis.

En respuesta, movimientos de derecha y extrema derecha de Estados Unidos lanzaron el “All Lives Matter” (Todas las Vidas Importan), con la intención de minimizar el problema del racismo y, en el caso específico, de la violencia de policías blancos contra hombres negros en Estados Unidos.