INDERT adecua procesos a estándares de la Corte IDH, con tecnológia y seguridad jurídica en el campo

Asunción, Agencia IP.- El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT), expresa que por mandato del Artículo 137 de la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos debidamente ratificados tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias.

La institución agraria sostiene que los magistrados, jueces de paz y tribunales de la República del Paraguay están estrictamente obligados a aplicar de oficio la doctrina protectora de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) y la jurisprudencia vinculante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Asimismo, resalta que el Artículo 47 del Estatuto Agrario establece que el Indert debe poseer un registro de ocupantes de lotes destinados a la reforma agraria y otorgar una constancia de “ocupación regular” al beneficiario, advirtiendo que la no entrega de la constancia será responsabilidad personal directa del funcionario y constituirá causal para medidas disciplinarias de segundo grado (suspensión o destitución).

Indert emitirá “Constancia de Ocupación Regular Electrónica”

Para cumplir con esta norma y poder brindar publicidad administrativa a los derechos, se implementa el Barrido Predial Masivo (BPM), se otorgaron poderes constitucionales de participación a las Juntas Vecinales, y se establecerá la emisión automática, gratuita, y electrónica de la “Constancia de Ocupación Regular Electrónica-CORE”.

La Corte Interamericana ratificó que los documentos y constancias emitidos por los entes agrarios estatales no son papeles precarios, sino actos administrativos que generan derechos patrimoniales adquiridos y expectativas legítimas tuteladas bajo el Artículo 21 (Derecho a la Propiedad), en concurrencia con los artículos 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial).

Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa Vs. Paraguay (2006)

La Corte (IDH) condenó el formalismo civil de los juzgados internos que desatienden la verdad material del territorio, declarando que las actas de censo, registros de campo y constataciones técnicas de los órganos agrarios estatales constituyen prueba plena de la relación posesoria y del arraigo material, primando la realidad fáctica constatada por el Estado sobre la simple ausencia de un título traslativo definitivo.

En un hito histórico para la administración de tierras y el desarrollo rural del Paraguay, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) implementa de manera estricta el cumplimiento del Artículo 47 de la Ley N° 1863/2002 (Estatuto Agrario) en el marco del Barrido Predial Masivo (BPM).

Mediante el despliegue de tecnología geodésica satelital de alta precisión y censos socioeconómicos en territorio, la institución pone en plena vigencia la obligación legal e ineludible de sus funcionarios de expedir y entregar en mano la Constancia Oficial de Ocupación Regular en el mismo momento del relevamiento técnico.

Esta medida transforma de raíz el acceso a la tierra, sustituye el histórico y costoso modelo a demanda, marcado por gestorías informales y expedientes fragmentados por un catastro constitutivo y sistemático.

Al intervenir colonia por colonia y parcela por parcela, el Estado asume la carga técnica y dota a cada familia productora de su primer e indiscutible escalón de seguridad jurídica, blindado de manera armónica por la Constitución Nacional, las leyes de la República y los tratados internacionales de derechos humanos, señala el ente agrario.

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