El número de jóvenes privados de libertad cayó a la mitad en diez años

El número total de adolescentes que cumplen alguna medida de restricción de libertad en Brasil cayó 48% en 10 años, al pasar de 26,8 mil en 2015 a cerca de 13 mil en 2025. Los datos son del Sistema Nacional de Atención Socioeducativa (Sinase), vinculado al Ministerio de Derechos Humanos.

Un estudio encargado por el Consejo Nacional de Justicia (CNJ) indica que el avance de las facciones en Brasil puede explicar, entre otros motivos, la reducción del número de jóvenes con restricción de libertad, porque el Estado ya no ingresaría a algunos territorios, además de que esos jóvenes quedan bajo la protección de esas organizaciones.

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En una audiencia pública en la Cámara, este martes (10), la presidenta de la Asociación Brasileña de Magistrados de la Infancia y la Juventud (Abraminj), Katy Braun do Prado, afirmó que el número de infracciones cometidas por adolescentes cayó 54% en 10 años.

“Ese número es muy considerable. Los índices de reincidencia del sistema penal brasileño son de 45%. Mientras que en el sistema juvenil es la mitad de eso, lo que significa que el sistema juvenil es más eficiente que el penal. Y también es más rápido para juzgar, el plazo es de 45 días”, explicó.

En lugar de reducir la mayoría de edad penal, la presidenta de la Abraminj sugiere aumentar el tiempo de internación previsto en el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) de los actuales tres a ocho años en el caso de delitos más graves cometidos por adolescentes.

“Es un punto medio. No es una propuesta para hacer una votación con rabia, con el hígado. Sino de tener en cuenta la realidad del sistema penitenciario y recordar que los adolescentes que logramos socioeducar y devolver a la sociedad, a una vida honesta, serán devorados por el sistema penal”, argumentó.

Adolescentes en conflicto con la ley

La gran mayoría de los jóvenes en conflicto con la ley en Brasil tiene entre 16 y 18 años (76%), son de sexo masculino (93%) y de color negro (73%), entre negros (17%) y pardos (56%).

El ingreso familiar de esta población es más difícil de medir, ya que 52% de los adolescentes del sistema socioeducativo, en 2025, no tenían información sobre ingresos. El estado de São Paulo no ha enviado ese dato al Sinase.

De los 48% que informaron el ingreso familiar en 2025, 40% se clasifican entre “sin ingresos” y hasta dos salarios mínimos. Entre dos y tres salarios mínimos son 5,3% y apenas 0,4% tienen más de cinco salarios mínimos de ingreso familiar.

La exsecretaria de Derechos Humanos de Río de Janeiro, Wania Sant’Anna, fue responsable del sistema socioeducativo del estado fluminense entre 2000 y 2003. Ella cuenta que la situación de estos jóvenes es de abandono social y del Poder Público.

“Cuando uno de los adolescentes fue muerto en el sistema penitenciario en una rebelión, en el Santo Expedito, yo entregué, ese mismo día, el certificado de defunción y de nacimiento a la madre, porque él estaba dentro del sistema sin documentación”, explicó.

Investigadora de relaciones étnico-raciales, Sant’Anna destacó a la Agência Brasil que, en aquella época, Río tenía 1,9 mil adolescentes con restricción de libertad. En 2025, ese número era de 996.

Delitos

El Sinase de 2025 señala además que 57% de los actos infraccionales son robo (29%) o tráfico de drogas (27%). Los jóvenes acusados de homicidio suman 9,8% del total, con 2,8% acusados de violación y 1,3% de robo seguido de muerte.

“[La serie] indica la permanencia de los actos infraccionales que promueven la obtención de ingresos como los más practicados por los adolescentes, con casi 60% del total a lo largo de tres años”, dice el informe.

La tasa de reincidencia de los adolescentes en el sistema era de 24% en el mes de referencia del estudio, que fue agosto de 2025.

Además, la madre permanece a lo largo de la serie histórica como la principal figura responsable de los jóvenes en conflicto con la ley, señalada por 64,9% de los adolescentes. Los padres aparecen como principal responsable para 9,0% de los jóvenes con restricción de libertad. Madre y padre juntos aparecen solo en 5,2% de los casos.

“Una vez más, la maternidad en solitario aparece como una realidad constante en las dinámicas familiares de adolescentes en atención socioeducativa”, dice el Sinase.

Estudio del CNJ

Un estudio realizado por la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (Ufrgs), en alianza con el Instituto Clínica y el Consejo Nacional de Justicia (CNJ), publicado en 2024, analizó hipótesis para explicar la reducción a la mitad del número de adolescentes con restricción de libertad en el país.

Para entender la reducción, los investigadores analizaron, entre otros factores, cambios en el sistema jurídico y socioeducativo, en la actuación policial, en las peculiaridades del contexto pandémico y en la dinámica del crimen organizado, con la expansión de las facciones criminales en Brasil.

Facciones

Según el estudio, los datos muestran una reducción de los delitos contra el patrimonio, al mismo tiempo que hubo un aumento o mantenimiento del número de delitos contra la persona relacionados con el tráfico de drogas, “lo que corrobora la hipótesis de la expansión de las prácticas relacionadas con el crimen faccionado”.

“Hay una ampliación del número de adolescentes integrantes de facciones criminales, lo que genera la resolución de las situaciones conflictivas dentro de las propias facciones, además de una 'protección' frente a la acción del Estado”, dice el estudio vinculado al CNJ.

La expansión de las facciones criminales en algunos territorios, “con áreas en las que la justicia no logra acceder a estos(as) adolescentes”, habría contribuido a la reducción de los adolescentes con restricción de libertad en esos 10 años.

En ese contexto, la exsecretaria de Río de Janeiro Wania Sant’Anna sostiene que reducir la mayoría de edad penal a 16 o 14 años contribuiría a que el crimen organizado coopte a más adolescentes.

“La principal consecuencia será alimentar aún más los engranajes del crimen organizado con estos jóvenes, lo que ya ocurre fuera de las cárceles. Le estaremos dando más capital humano a esas organizaciones que controlan las cárceles”, argumentó.

La especialista rechaza además la tesis de que los jóvenes en conflicto con la ley sean víctimas. “No estoy diciendo que sean víctimas, pero sí digo que cuando la sociedad no cuida, la criminalidad cuida. Es un ejército de reserva para las facciones”.

Pandemia

La investigación de la UFRGS, en alianza con el CNJ, señala además que la pandemia contribuyó a reducir los adolescentes en medida socioeducativa, acelerando un proceso de disminución del total de jóvenes en esa situación que ya venía de años anteriores.

“Los datos cualitativos apuntan la percepción, por parte de una porción de interlocutores(as) de un estado (RJ), de que el contexto social de aislamiento redujo y/o dificultó la práctica de actos infraccionales, lo que resultó en la reducción del número de aprehensiones”, escribieron los investigadores.

Por otro lado, el estudio descarta la hipótesis de que cambios en el sistema jurídico y socioeducativo hayan sido capaces de reducir el total de adolescentes con restricción de libertad.

“Los datos cualitativos indican que no hay capacidad institucional, en términos de recursos y personal, para que la Defensoría realice las guardias en las comisarías y actúe en las audiencias informales del Ministerio Público, hecho que perjudica la protección de los derechos del(la) adolescente aprehendido(a) y no produce efectos sobre la reducción [en el número de adolescentes con restricción de libertad”, concluye.