Brasil gasta R$ 14,5 mil millones por año en la guerra contra las drogas

El sistema de justicia penal brasileño gasta R$ 14,5 mil millones por año en la guerra contra las drogas ilícitas. El dato fue calculado en una investigación del Centro de Estudios de Seguridad y Ciudadanía (Cesec) divulgada este martes 17.

El monto fue utilizado, en 2024, para mantener el trabajo de las policías, defensorías públicas, ministerios públicos, sistema penitenciario y órganos de la Justicia en el combate al tráfico de drogas y en el castigo a los involucrados con el comercio de esas sustancias.
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"No tenemos evidencias de que esa actuación del Estado, orientada a la guerra contra las drogas, debilite o disminuya la circulación de las drogas", explica.
Encarcelamiento
El relevamiento mostró que el mayor gasto corresponde a los sistemas penitenciarios. De acuerdo con el estudio, el encarcelamiento de personas procesadas por la ley de drogas tuvo un costo de R$ 3,88 mil millones, o el 27% del total.
En segundo lugar aparecen los gastos con las policías militares y la Policía Rodoviaria Federal (policía de rutas de Brasil), responsables del policiamiento ostensivo, es decir, del patrullaje en las calles. En este caso, se gastaron R$ 3,24 mil millones (22% del total).
Juntos, esos dos segmentos fueron responsables de casi la mitad del total contabilizado.
Rachel destaca que las policías ostensivas y el sistema penitenciario son justamente el primer eslabón (represión) y el último (castigo) del sistema de justicia penal. Eso muestra, según ella, la ineficacia de la guerra contra las drogas.
"Son los dos extremos: el represivo y el punitivo. Son los dos extremos que más gastan en la implementación de la Ley de Drogas. En la represión y en el castigo, las instituciones no logran combatir de manera efectiva a las organizaciones criminales", subraya la investigadora.
Gastos con los procesos
Después de las policías ostensivas, las policías investigativas (las civiles y la Federal) gastaron R$ 2,64 mil millones, o el 18%. El sistema socioeducativo, que tiene la función de resocializar y garantizar la educación de niños y adolescentes infractores, respondió por R$ 1,46 mil millones, o el 10% de los gastos.
La fase procesal consume el resto: R$ 3,3 mil millones (23% del total). La mayor parte la gasta el Poder Judicial. Los Tribunales de Justicia estatales y federales, es decir, los que juzgan a los acusados de involucramiento con el tráfico, gastan R$ 2,38 mil millones, o el 16%.
Los ministerios públicos, cuya función es presentar la denuncia ante la Justicia y sostener la acusación contra los acusados en los procesos penales, además de acompañar la investigación policial, gastaron R$ 737,78 millones, o el 5%. Por último, las defensorías públicas, que defienden gratuitamente a parte de los acusados, gastaron R$ 207,2 millones, o poco más del 1%.
Porción del presupuesto
En promedio, las Unidades de la Federación destinaron el 7,9% de sus presupuestos del sistema de justicia penal a la aplicación de la Ley de Drogas.
Paraná lidera, con el 11,8%, seguido por Espírito Santo (11,5%) y São Paulo (11,1%).
Paraíba (5,2%) y Piauí (4,8%) son las unidades federativas que menos gastaron en esa legislación. La Unión destinó el 10,9% de su presupuesto al combate a las drogas.
Según Rachel Machado, la guerra contra las drogas, además de ser costosa e ineficaz, causa grandes perjuicios a la sociedad.
"Tenemos perjuicios con niños que no pueden ser atendidos [en unidades de salud], que no pueden ir a la escuela por causa de operaciones policiales. Toda la economía de esas regiones es afectada directamente por las operaciones policiales. Entonces, cuesta caro económicamente, pero también cuesta a la vida de las personas, el sueño de los niños de estudiar y de tener una educación de calidad", lamenta.
Alternativas
El estudio considera que, aunque alto, ese costo de la aplicación de la Ley de Drogas está subestimado, ya que no todos los gastos relacionados con la legislación son contabilizados, como es el caso de los gastos con operaciones e incursiones policiales.
Para la investigadora, el dinero estaría mejor empleado si se destinara a políticas de transferencia de ingresos, a la educación o a la ampliación de los Centros de Atención Psicosocial – Alcohol y Drogas (Caps-AD).
El estudio señala que los R$ 14,5 mil millones podrían usarse para construir 6 mil Caps-AD, beneficiar a 1,8 millón de familias con el programa Bolsa Família o incluso eliminar la lista de espera de las guarderías con la construcción de 2.536 unidades.
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
Por medio de una nota, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) afirmó que una política sobre drogas efectiva exige una actuación integrada, que combine el combate al tráfico y al crimen organizado con inversiones en inteligencia, prevención, cuidado, producción de conocimiento y desarrollo social.
"Esas estrategias son complementarias y deben ser articuladas para enfrentar tanto las actividades criminales como los factores de vulnerabilidad asociados al mercado ilegal de drogas", informa la nota.
Además, según el MJSP, la Secretaría Nacional de Políticas sobre Drogas y Gestión de Activos (Senad) ha invertido en investigaciones, capacitación y producción de evidencias para perfeccionar las políticas públicas.
La Senad también ha desarrollado iniciativas de prevención centradas en las personas y en los territorios, como la Red de Centros de Acceso a Derechos e Inclusión Social (Red CAIS), el programa Cria – Prevención y Ciudadanía y el Pronasci Juventud y el Territorio Seguro.
En 2024, según el ministerio, la Secretaría Nacional de Seguridad Pública (Senasp) intensificó las acciones de combate al tráfico de drogas y a las organizaciones criminales en todo el país. Las operaciones resultaron en la incautación de 779,5 toneladas de drogas y 5.243 armas.
El MJSP también destaca que 51.649 personas fueron detenidas.
El perjuicio a las organizaciones criminales con esas operaciones fue estimado en R$ 13 mil millones.
"Los resultados reflejan la inversión de la Senasp en la integración de las fuerzas de seguridad, en el fortalecimiento de la inteligencia policial y en la actuación coordinada para desarticular redes criminales y ampliar el combate al tráfico de drogas en Brasil".
El ministerio concluye la nota informando que "entiende que la articulación entre seguridad pública, salud, asistencia social, educación y desarrollo territorial es fundamental para una respuesta amplia y sostenible a los desafíos relacionados con las drogas en el país".
Traducción de la noticia original en portugués: Brasil gasta R$ 14,5 bilhões por ano com guerra às drogas · Fuente: Agência Brasil