Unicef: ningún país del G20 tiene mayoría de edad penal por debajo de los 18 años

Ninguno de los 19 países que integran el G20, el grupo de las mayores economías del mundo, tiene una mayoría de edad penal inferior a los 18 años. El estudio fue divulgado este miércoles 4 por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef). Lo mismo vale para los países de América Latina, destacó la organización al divulgar los datos.

La mayoría de edad penal es la edad en que una persona comienza a ser juzgada como adulta y puede ser condenada a cumplir penas en el sistema penitenciario común.

El G20 está formado por los 19 países con el mayor producto interno bruto (PIB) del mundo, además de dos bloques regionales: la Unión Europea y la Unión Africana.

Responsabilización proporcional

Según el representante del Unicef en Brasil, Joaquin Gonzalez-Aleman, el G20 concentra a los países más ricos del mundo y al 60% de la población mundial. Y esos países “coinciden en que es posible responsabilizar a un adolescente sin tratarlo como adulto”.

“Mezclar adolescentes y adultos en el mismo sistema penitenciario puede producir lo contrario de lo esperado: en lugar de alejarlos del crimen, puede acercarlos a redes criminales más estructuradas, al mismo tiempo que rompe sus vínculos con la escuela, la familia y la comunidad”, destaca Gonzalez-Aleman.

El estudio también analizó las edades mínimas de responsabilización penal, es decir, cuando un adolescente ya puede responder ante la Justicia, pero en un sistema específico para su grupo de edad. Vea a continuación:

Edad mínima de responsabilización en el G20

• Arabia Saudita e India: 7 años;
• Reino Unido, Estados Unidos y Australia: de 10 a 12 años;
• Brasil, Sudáfrica, Canadá, Indonesia, México y Turquía: 12 años;
• Francia: 13 años;
• Alemania, Argentina, Corea del Sur, Italia, Japón y Rusia: 14 años;
• China: 16 años.

Edad mínima de responsabilización en América Latina

• Brasil, Costa Rica, El Salvador, Ecuador, Honduras, México y Panamá: 12 años;
• Guatemala, Haití, República Dominicana y Uruguay: 13 años;
• Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela: 14 años;
• Cuba: 16 años.

Posición del Unicef

De acuerdo con Gonzalez-Aleman, el Unicef defiende que es necesario responsabilizar a los adolescentes que cometen actos infractores. Pero para eso no hace falta tratarlos como adultos.

“Ya estamos responsabilizando a los niños desde los 12 años cuando cometen una infracción. La cuestión es que no hace falta llevarlos a una prisión. Vamos a llevarlos al sistema socioeducativo, vamos a intentar recuperar a ese niño, porque además tenemos evidencia de que la reincidencia es mucho menor en el sistema socioeducativo que en las cárceles para adultos”, afirma.

Excepciones

Aunque ningún país del G20 prevé que los menores de 18 años sean juzgados como adultos de forma general, algunas naciones del grupo establecen excepciones, como Estados Unidos, Arabia Saudita, India, Canadá, Reino Unido, Japón y Corea del Sur.

Entre los 20 países analizados en América Latina, solo Cuba tiene excepciones a la mayoría de edad penal a los 18 años.

El Unicef no describe las excepciones, pero en Estados Unidos, por ejemplo, algunos tipos de agravantes en el delito pueden hacer que los juzgados de la niñez remitan los casos a juzgados penales, como el uso de violencia, de arma o la existencia de antecedentes penales.

PEC de Seguridad Pública

El debate sobre la reducción de la mayoría de edad penal volvió al Congreso esta semana, durante la votación de la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) de Seguridad Pública. El texto fue aprobado en el Senado Federal sin las enmiendas que buscaban equiparar a los adolescentes con los adultos.

La PEC es una de las prioridades del actual gobierno en el área de seguridad, pero los senadores discutieron la inclusión de enmiendas de pleno que trataban de la reducción de la mayoría de edad penal de 18 a 16 años, o incluso a 14 años.

El relator de la PEC, senador Rogério Carvalho (PT-SE), no acogió las enmiendas en el informe final, pero recomendó que constituyeran propuestas autónomas que pudieran tramitarse en conjunto y ser votadas posteriormente por separado.