Relator defiende reducir la mayoría de edad penal con cárceles separadas
"No vamos a hacer constar el cumplimiento de la pena, si eventualmente se reduce la mayoría de edad penal a 16 años, o a cualquiera que sea la edad fijada, de modo que los jóvenes cumplan pena en el mismo establecimiento penal que los mayores de 18 años. Eso es algo pacífico", aseguró el parlamentario durante una audiencia pública de la comisión especial que debate la PEC en la Cámara de Diputados.
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"Lo que existe, en la práctica, es que la sociedad está cansada de ese discurso de victimismo, cuando jóvenes de 17 y de 16 años cometen violaciones, asesinatos y quedan literalmente impunes. Y vamos a revisar eso, en lo que dependa de este relator", afirmó.
Se prevé que la PEC sea votada en el colegiado hasta fines de noviembre. Según el relator, el compromiso del presidente de la Cámara, Hugo Motta (Republicanos-PB), es llevar el texto al pleno en la primera semana de diciembre.
Esa articulación también involucró al presidente del Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), que retiró de la agenda la PEC que se tramita en el Senado sobre el mismo tema, para esperar la decisión de la Cámara.
Posición del gobierno
Durante la audiencia pública, representantes del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP) expusieron la posición del gobierno federal sobre la materia.
"El MJSP adopta la misma orientación del presidente de la República y considera democrático y posible debatir el tema, y admite la reducción de la mayoría de edad penal, de forma excepcional, para delitos atroces, con cumplimiento de la pena en un establecimiento distinto y apoyado en un régimen diferenciado de reintegración", afirmó Paulo Garrido Modesto, secretario de Asuntos Legislativos de la cartera.
El mes pasado, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo, durante una entrevista electoral en el Jornal Nacional, de TV Globo, que está a favor de la reducción de la mayoría de edad penal para delitos atroces.
Los delitos atroces (crimes hediondos) son aquellos considerados por la legislación brasileña como de extrema gravedad, debido a la violencia empleada, la crueldad o el elevado potencial de causar daños a la sociedad.
Están expresamente definidos en la Ley n.º 8.072, de 1990 (Ley de Crímenes Hediondos), que establece reglas más rigurosas para el castigo y la ejecución de las penas de esos delitos. Entre ellos están el feminicidio, la violación, el latrocinio (robo seguido de muerte), la extorsión mediante secuestro, el homicidio calificado, entre otros.
El secretario Paulo Garrido, del Ministerio de Justicia, también ponderó, citando datos oficiales, que los condenados por actos infraccionales análogos a delitos violentos representan apenas el 9,8% de los adolescentes con medida privativa de libertad. Según el secretario, el panorama actual es de predominio del robo y el tráfico, que corresponden al 57% del total de las internaciones en instituciones socioeducativas.
"Este segmento de jóvenes condenados por delitos atroces, por ser reducido, permite manejar un sistema institucional específico, adecuado para ese público. Ese sistema específico de responsabilidad penal juvenil no debe perder el foco en la reintegración social", observó.
La PEC divide la opinión de los integrantes de la comisión especial. Para el diputado federal Alencar Santana (PT-SP), el problema de la violencia en el país no se resolverá con la reducción de la mayoría de edad. "Pensar que simplemente el problema del país es una responsabilidad o culpa de los adolescentes es una cobardía", afirmó.
Por su parte, Guilherme Derrite (PP-SP) destacó que el tema de la edad penal volvió con fuerza en las elecciones y criticó el tiempo actual de internación de niños y adolescentes que cometen actos infraccionales. "Los tres años como máximo o menos que eso de internación [por actos infraccionales] es un gravísimo problema", afirmó. El parlamentario también citó números de actos violentos cometidos a lo largo de 2024, atribuidos a adolescentes, para sustentar la defensa de la reducción de la mayoría de edad.
Impasses
Sobre restringir la reducción de la mayoría de edad penal solo a los delitos atroces, el relator de la PEC en la Cámara afirmó no haber tomado una posición definitiva. Mendonça Filho está evaluando si amplía el castigo a otros tipos penales o no, y dijo que madurará su posición a lo largo de los debates y audiencias públicas en la comisión especial.
Para Chico Lucas, secretario nacional de Seguridad Pública del MJSP, extender la reducción de la mayoría de edad penal a muchos tipos penales podría empeorar aún más el sistema penitenciario del país.
"La reducción de la mayoría de edad para todos los delitos puede, en lugar de representar una mejora de la seguridad, [generar] el encarcelamiento masivo de menores, que serán fatalmente reclutados por el crimen para servir como miembros de organizaciones criminales".
El secretario también mencionó datos que muestran una reducción, a lo largo de la última década, de más de la mitad del número total de adolescentes que cumplen alguna medida de restricción de libertad en Brasil.
"La reincidencia del sistema penal brasileño es del 45%, mientras que en el sistema juvenil es la mitad de eso, lo que significa que el sistema juvenil es más eficiente que el penal. Y también es más rápido para juzgar, porque tratándose de un delito violento, el tiempo de juzgamiento es de hasta 45 días", afirmó la jueza Kate Braun do Prado, presidenta de la Asociación Brasileña de Magistrados de la Infancia y la Juventud (Abraminj).
La magistrada presentó la propuesta de modificar el Estatuto del Niño y del Adolescente (ECA) para aumentar el tiempo de internación de tres a hasta ocho años, en casos de actos infraccionales graves, y reducir la posibilidad de revisión de las medidas socioeducativas cada seis meses, como prevé la legislación actual.
La presidenta de la Abraminj también observó que la reducción de la mayoría de edad podría ser frenada por el Supremo Tribunal Federal (STF, la corte suprema de Brasil), ya que hay tesis jurídicas que entienden que el dispositivo, previsto en el artículo 228 de la Constitución Federal, es una cláusula pétrea, por integrar el conjunto de derechos y garantías individuales y que, por eso, el límite de edad de la responsabilidad penal no podría ser modificado, ni siquiera por enmienda constitucional.
"Sabemos que existe la posibilidad de que cualquier alteración de la mayoría de edad penal sea revisada por el STF por el posible entendimiento de que es una cláusula pétrea. Sabemos que hay entendimientos de los dos lados, pero es un riesgo que se correría en ese sentido", señaló.
Referéndum popular
El diputado Mendonça Filho también afirmó que está de acuerdo con la posibilidad de que la PEC de reducción de la mayoría de edad penal, si es aprobada en el Congreso, sea sometida a un referéndum popular, dentro de dos años, durante las elecciones municipales, para que la propia sociedad decida sobre el tema.
"Si el Parlamento quiere un respaldo popular, no tengo ninguna objeción en someter este texto a un referéndum popular que se realice en 2028. Si es la voluntad de la comisión especial, de la mayoría de la Cámara y del presidente de la Cámara, diputado Hugo Motta, pondremos un dispositivo para que pase a tener validez después de ser refrendado por la población brasileña en 2028. Creo que sería una legitimación aún mayor para que este debate pueda tener el aval popular de la mayoría del pueblo brasileño", dijo.
Traducción de la noticia original en portugués: Relator defende redução da maioridade penal com prisões separadas · Fuente: Agência Brasil