Pará registra la mayor explotación maderera de los últimos cinco años

El estado de Pará registró 60.664 hectáreas de explotación maderera entre agosto de 2024 y julio de 2025, la mayor área desde el ciclo 2019-2020. Además, el resultado representa un aumento de más del 40% en relación con el ciclo anterior, de agosto de 2023 a julio de 2024.

Divulgados este miércoles (4), los datos son del Sistema de Monitoreo de la Explotación Maderera (Simex), de la Red Simex, formada por tres instituciones de investigación ambiental: Imazon, Instituto Centro de Vida (ICV) e Imaflora.

Los investigadores cruzaron los registros de áreas de explotación maderera, identificados mediante imágenes satelitales, con las autorizaciones para la actividad emitidas por los órganos competentes.

Del total mapeado, 41.538 hectáreas (68%) fueron explotadas en áreas autorizadas y 19.126 hectáreas (32%) de forma ilegal.

El relevamiento mostró además que, mientras la actividad autorizada creció más del 83% en relación con el último ciclo, la realizada sin autorización disminuyó cerca del 6%.

Según la investigadora del Imazon, Camila Damasceno, la reducción de la extracción ilegal es algo positivo. Sin embargo, el área aún representa una extensión equivalente a más de 19 mil campos de fútbol de bosques afectados.

“Los números muestran que hay mucho por avanzar. Necesitamos fortalecer la fiscalización, ampliar las acciones de combate y responsabilización de los infractores y crear mecanismos de incentivo al manejo forestal, principalmente el comunitario”, afirmó la investigadora, en una nota.

Para el coordinador del programa de monitoreo de la Amazonía del Imazon, Carlos Souza Jr., solo celebrar la caída porcentual del área explotada de forma ilegal significaría ignorar el impacto concreto de esa pérdida en el bosque.

“Considerando un escenario conservador de extracción de dos a tres árboles por hectárea, fueron talados e insertados en el flujo comercial entre 38 mil y 57 mil árboles, sin plan de manejo, inspección ni trazabilidad de su procedencia”, explica Carlos.

Agrega que, cuando esa cantidad masiva de madera llega al mercado sin garantía de origen, todo el sector forestal resulta perjudicado. “[Eso debilita] los esfuerzos de transparencia y las inversiones de quienes operan de forma regularizada en el estado.”

Tierras indígenas

El relevamiento indicó que las tierras indígenas del estado concentran apenas el 2% de toda la actividad sin autorización detectada. De acuerdo con los especialistas del Imazon, el resultado refuerza la importancia de esos territorios como barreras a la expansión de los crímenes ambientales.

Fueron 424 hectáreas de extracción de madera ilegal entre agosto de 2024 y julio de 2025 en las tierras indígenas. Según la Red Simex, es el segundo menor volumen de la serie histórica, solo por detrás del calendario de agosto de 2019 a julio de 2020, cuando se identificaron 158 hectáreas.

“La reducción de la extensión afectada no significa que el problema esté resuelto. La ocurrencia de explotación ilegal en un área protegida es extremadamente sensible y exige atención urgente”, alertó Camila.

Los datos muestran que la ilegalidad identificada en el período quedó concentrada en un único lugar: la Tierra Indígena Amanayé. Según la investigadora, esta es la quinta vez consecutiva que la TI aparece en los boletines de la Red Simex, lo que evidencia la continuidad de las invasiones en la región.

Ella resalta que, además de los daños ambientales, esa explotación representa violaciones a los derechos de los pueblos originarios. “Expone a las comunidades a conflictos, amenazas y restricciones al derecho de circular libremente en su propia tierra, con posibles impactos sobre la salud y los modos de vida tradicionales.”