Ministro de Justicia defiende debilitar económicamente a las facciones criminales

El ministro de Justicia y Seguridad Pública de Brasil, Wellington César e Silva, defendió el debilitamiento económico de las facciones criminales como estrategia para combatir el crimen organizado.

El ministro se pronunció durante la clausura de la 24.ª Reunión Plenaria de la Estrategia Nacional de Combate a la Corrupción y al Lavado de Dinero, este jueves (112), en Río de Janeiro.

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Según él, enfrentar el crimen organizado exige no solo la responsabilización penal de sus integrantes, sino también la identificación y el bloqueo de las estructuras financieras que sostienen sus actividades.

“La responsabilidad penal es indispensable, pero, si los recursos y los mecanismos de financiamiento permanecen intactos, la facción criminal recompondrá rápidamente su capacidad de actuación.”

Por su parte, el procurador general de Justicia de Río de Janeiro (PGJ), Antonio José Campos Moreira, destacó la necesidad de debilitar el poder económico de las organizaciones criminales y ampliar la integración entre la Unión, los estados y los municipios.

El procurador explicó que la investigación patrimonial y la recuperación de activos deben ocupar una posición central en las estrategias de enfrentamiento al crimen organizado, especialmente ante el poder financiero de las facciones y su actuación más allá de las fronteras estatales y nacionales.

“La criminalidad no tiene fronteras. Es local, interestatal y transnacional. El Estado tiene que organizarse, tiene que integrarse. La asfixia financiera debe ser el principal instrumento de combate a la criminalidad organizada, porque permite disminuir el poder económico de esas organizaciones y su capacidad de corrupción”, afirmó Antonio Campos Moreira.

El gobernador en ejercicio de Río de Janeiro, desembargador Ricardo Couto, abordó los desafíos que impone la disputa territorial entre facciones criminales y la necesidad de garantizar la presencia del Estado en las comunidades.

La 24.ª Reunión Plenaria contó con representantes de instituciones públicas y privadas para evaluar las acciones desarrolladas en 2026 y definir prioridades para el enfrentamiento a la corrupción y al lavado de dinero en 2027.

Coordinada por la Secretaría Nacional de Justicia, la estrategia promueve la articulación entre órganos de los tres poderes y de distintos niveles de gobierno.