Manifestantes ocupan plazas en Portugal por el derecho a la vivienda

El aumento del costo de vida y, principalmente, del precio de los alquileres y de los inmuebles en venta en Portugal generó una ola de manifestaciones en el país. Las protestas comenzaron con la ocupación de una plaza en la ciudad de Oporto, hace tres semanas, donde los manifestantes montaron carpas.

Días después, se inició una ocupación similar en la Plaza del Rossio, conocido punto turístico de la capital portuguesa, Lisboa. Las llamadas “acampadas” generaron reacciones violentas de la policía, que realizó operaciones para desmontar por la fuerza los campamentos, bajo el argumento de que estaban instalados ilegalmente en un área pública.

Relatos difundidos en las redes sociales y por parlamentarios portugueses denuncian lesiones sufridas por algunos manifestantes.

Eso no impidió que las carpas fueran rearmadas después de cada embestida de la fuerza policial portuguesa. Este fin de semana, el Tribunal Administrativo de Lisboa autorizó la permanencia de la ocupación de la Plaza del Rossio hasta el 24 de noviembre.

Comerciantes de Lisboa muestran preocupación por los impactos en el comercio de la zona y también por la realización de un mercado navideño, que está previsto montarse en la Plaza del Rossio a partir del 14 de noviembre.

Costo de la vivienda

Según el portal Pordata, mantenido por la Fundación Francisco Manuel dos Santos, el costo de la vivienda en Portugal subió 41,5% de 2020 a 2025. Fue el mayor aumento de toda la Unión Europea, que tuvo un alza promedio de 3,2% en el período. Grecia, que aparece en segundo lugar en el ranking de Pordata, por ejemplo, tuvo un aumento de precios de 37,8%.

Un informe divulgado por el Consejo Europeo, en alianza con el Deustche Bank, a fines del año pasado, mostró que el alquiler de un inmueble en Lisboa cuesta en promedio el 116% del salario medio de un habitante de la capital portuguesa. Es la única de las 22 ciudades investigadas (incluidas varias capitales, como París, Roma, Madrid y Berlín) donde un ingreso medio es insuficiente para pagar el alquiler.

Según el mismo estudio, lo ideal es que los alquileres representen, como máximo, el 30% de los salarios.

La activista brasileña Priscila Valadão, que también es ciudadana portuguesa, es una de las voceras del movimiento de las acampadas. Emigró a Portugal hace 12 años y sintió en carne propia la dificultad de encajar el alquiler en el presupuesto mensual.

“En el centro de Lisboa, no se consigue encontrar un apartamento tipo loft, que aquí llamamos T0, por menos de 1.500 euros, siendo que el salario mínimo portugués es de 920 euros. Entonces, es simplemente imposible que una persona viva en la ciudad”, destaca.

Incluso hoy, después de más de una década en Portugal, Priscila aún debe recurrir a estrategias para poder pagar el alquiler. Actualmente vive lejos del centro de Lisboa, donde comparte un inmueble con otra persona.

“La gran mayoría de las personas termina yendo a vivir a una habitación. No existe otra manera de vivir en Lisboa. Esto también se extiende a la periferia de la ciudad. Puedo dar mi ejemplo. Hoy vivo con una chica joven. Tengo que compartir casa porque no tengo condiciones de pagar una casa sola. Y, aun así, vivo en la periferia de la ciudad, en la región metropolitana.”

Según ella, los brasileños, al igual que muchos inmigrantes, terminan teniendo más dificultades que los propios portugueses para conseguir una vivienda.

“Hace doce años, ya veía a personas decir que los dueños de los inmuebles, cuando escuchaban por teléfono que [el potencial inquilino] era brasileño, cortaban la llamada y decían que el apartamento ya estaba alquilado. Y era mentira”, cuenta.

“También escuchaba relatos de que una de las condiciones [para alquilar a brasileños] era pedir 12 rentas [alquileres] adelantadas para poder dar la entrada al apartamento. Y está cada vez peor, con la creciente xenofobia y racismo que ocurren en nuestro día a día”, resalta Priscila, quien ha recibido innumerables amenazas por su participación en las manifestaciones.

Según la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (Aima) de Portugal, los brasileños son la mayor comunidad extranjera en ese país, con 493 mil personas, es decir, un tercio del total de inmigrantes en Portugal y el 4% de la población total del país (11,4 millones).

Esa cifra no considera a quienes tienen doble nacionalidad, por lo tanto el total de brasileños que viven en el país europeo es aún mayor. La Embajada de Brasil en Lisboa informó que “sigue atentamente las manifestaciones”.

Priscila Valadão explica que, entre los motivos del aumento del costo de la vivienda en Portugal, están la especulación inmobiliaria, principalmente relacionada con fondos de inversión extranjeros, y el destino de inmuebles a alojamientos temporales para turistas.

Los inversores brasileños, por cierto, forman parte del problema de la especulación inmobiliaria, según Priscila. La restricción a la compra de inmuebles por parte de fondos inmobiliarios es una de las demandas de los participantes de las protestas.

Los manifestantes también critican la nueva ley sobre alquileres (llamados “rendas” o “arrendamentos” en Portugal), que está en trámite en el Parlamento y que puede volver aún más difícil la vida de quien necesita alquilar un inmueble para tener dónde vivir.

Entre los cambios propuestos por el Nuevo Régimen de Arrendamiento Urbano están la reducción del plazo para los desalojos, el fin del límite del 2% para los reajustes en los contratos, el aumento del valor del depósito de garantía y la posibilidad de que el propietario rechace una renovación automática del contrato.

Los manifestantes piden también la ampliación de la oferta de vivienda pública (construida y ofrecida por el Estado portugués) y la transformación de edificios públicos y privados vacíos en viviendas populares.

Hay además reivindicaciones sobre el control de la inflación y aumentos de salarios.

Según el primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, el gobierno tiene un plan de inversión en viviendas públicas y de “dinamización” de inmuebles privados.

El total de inversiones previstas para el sector es de 10 mil millones de euros. Entre las políticas anunciadas por Montenegro está la construcción de 133 mil residencias, financiadas por el presupuesto de la República y por el Banco Europeo de Inversiones.

A fines de octubre, dijo que la ley de alquileres tiene que ser buena para los propietarios y para los inquilinos. “Un justo equilibrio que exige coraje, exige alteración, modificación. Es eso lo que estamos haciendo. Creo que estas nuevas reglas, una vez que entren todas en vigor y en funcionamiento, van a promover una mayor capacidad de que las personas vean resuelto su problema.”

También a fines de octubre, el ministro de la Presidencia, António Leitão Amaro, afirmó que el gobierno está ejecutando “el mayor programa de vivienda de las últimas décadas”, que combina apoyos a la compra y al alquiler de inmuebles, con incentivos a la construcción y medidas destinadas a poner en el mercado casas actualmente vacías.