Asociaciones del agro rebaten al Banco do Brasil sobre el aumento de la morosidad

Entidades de productores rurales reaccionaron a la manifestación del Banco do Brasil (BB), que atribuyó la caída de 66,5 % en la utilidad neta del tercer trimestre de 2026 al aumento de la morosidad, principalmente del agronegocio.

En una nota, la Asociación Brasileña de Productores de Soja (Aprosoja Brasil) repudia las declaraciones de la presidenta del BB, Tarciana Medeiros, y sostiene que las acusaciones contra medianos y grandes productores rurales transforman “una grave crisis económica en una acusación generalizada de mala fe contra quienes producen”.

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Durante la teleconferencia en la que anunció los resultados financieros que la institución alcanzó en el tercer trimestre, la ejecutiva afirmó que parte de los medianos y grandes productores rurales morosos se negó a pagar deudas, renegociar operaciones y presentar nuevas garantías a la institución, incluso después de la oferta de programas de repactación con condiciones facilitadas.

Poco después, el banco divulgó una nota a la prensa en la que afirmó que la presidenta del banco no atribuyó al conjunto del agronegocio la responsabilidad por la caída de sus resultados e informó que el 90 % de los clientes del sector está al día con los pagos y que los atrasos se concentran en un grupo de medianos y grandes productores.

Aun así, para Aprosoja, las alegaciones del BB son “generalizaciones que desconocen la realidad económica del campo”.

Para la entidad, el historial de pagos del sector desmiente la tesis de la directiva del banco: un estudio publicado en la revista de la Procuraduría General del Banco Central indica una morosidad promedio de apenas 1,89 % entre 2015 y 2019. Según la asociación, lo que cambió desde entonces no fue la disposición de los productores a honrar sus compromisos, sino las condiciones económicas para saldarlos.

“Sucesivas adversidades climáticas, pérdidas de cosecha, crisis geopolíticas, aumento de los costos de producción, deterioro de los precios agrícolas e intereses asfixiantes, agravados por el desequilibrio de las cuentas públicas, comprometieron profundamente los márgenes y la capacidad de pago del sector”, afirma Aprosoja.

Según la asociación, solo en los primeros cuatro meses de la zafra 2026/2027, el crédito rural tradicional cayó de R$ 144,9 mil millones a R$ 107,6 mil millones, una retracción de 25,7 % en las concesiones de costeo e inversión.

“El productor rural perdió ingresos, vio encarecerse sus deudas y pasó a enfrentar dificultades crecientes para obtener crédito. No es razonable transformar esa realidad en una acusación de morosidad deliberada”, agregó la entidad, que exige una reevaluación de las políticas de renegociación de las deudas.

Morosidad

Para el presidente de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de São Paulo (Faesp), Tirso Meirelles, atribuir la caída de resultados a la morosidad de los productores rurales es un “intento injusto de invertir la lógica de los hechos”.

“Es una falsedad flagrante”, acusó en una nota. “El productor rural brasileño no quiere deber. Quiere trabajar, producir y honrar sus compromisos. Lo que ocurre en el campo no es falta de idoneidad, sino el reflejo de un grave desajuste estructural entre la retórica oficial y la realidad sofocante que enfrenta el agricultor dentro de la finca.”

Al quejarse de la burocracia y de las dificultades que, según él, algunos productores enfrentan para acceder a los recursos destinados al Plan Safra, el presidente de la Faesp exigió al gobierno federal plazos realistas, tasas justas y condiciones operativas viables para que los productores rurales brasileños renegocien sus deudas. “Cuando el crédito es burocrático, insuficiente o llega demasiado tarde, el productor queda sin salida ante una ecuación de difícil solución, en la que factores como la falta de seguro rural, costos de producción disparados y márgenes cada vez menores se suman a tantos otros desafíos.”

Ofensa

En la evaluación del presidente de la Federación de la Agricultura del Estado de Rio Grande do Sul (Farsul), Domingos Velho Lopes, las justificaciones de Tarciana Medeiros y del vicepresidente de Gestión Financiera y Relaciones con Inversionistas del BB, Geovanne Tobias – según quien “una parte de ese agro, efectivamente, no quiere pagar al Banco do Brasil” –, ofenden al productor rural brasileño.

De acuerdo con Lopes, las justificaciones expresan "prejuicio por parte de la directiva del banco y desvían la atención de los accionistas de la institución de otros factores que contribuyeron a la caída de sus utilidades".

“Desde 2023, los datos del Banco Central muestran una disparada del crédito dirigido, y los bancos públicos fueron el canal de esa política del gobierno federal. ¿Qué criterios usó el BB para conceder ese volumen de créditos, incluso [al sector] rural? La falta de criterio del banco [en ese caso] nos parecía clara”, argumenta el presidente de la Farsul.

En una alerta, Lopes cuestiona que otras empresas acreedoras no reporten una situación parecida a la divulgada por la directiva del Banco do Brasil, que responde por el 47,7 % del crédito del agro.

“¿Por qué el otro 52,3 % del mercado no está en la misma situación? ¿Porque la morosidad [del agro con los] principales competidores [del BB] es mucho más baja, como la del Sicredi, de 1,9 %; la del Sicoob, de 2,1 %, o la del Banrisul, de 2,5 %, mientras que la del Banco do Brasil es de 7 %?”, cuestionó Lopes.

El dirigente también cuestionó el impacto de la tasa básica de interés, de dos dígitos, para la economía en su conjunto y para el BB en particular. “Y el banco no relaciona ese hecho con sus resultados.”

Renegociación

La Federación de la Agricultura y Ganadería de Mato Grosso (Famato) calificó las declaraciones de los directivos del Banco do Brasil como inadecuadas, y señaló que las afirmaciones carecen de datos que las sustenten. Para la entidad, es necesario diferenciar la morosidad deliberada de las dificultades financieras provocadas por pérdidas de cosecha, costos elevados, intereses altos y oscilaciones en los precios de las materias primas (commodities).

La entidad destacó que las declaraciones de Tarciana Medeiros y de Geovanne Tobias fueron pronunciadas el mismo día en que el Senado aprobó el proyecto de ley de conversión de la Medida Provisoria (MP) n.º 1.376/2026, que amplía las condiciones para la renegociación de deudas rurales.

“El texto aprobado por el Congreso amplía las posibilidades de renegociación, flexibiliza criterios de comprobación de pérdidas en situaciones específicas y contempla nuevas operaciones con Cédulas de Producto Rural (CPR), observados los requisitos legales, y amplía la utilización de informes colectivos y prevé intereses de entre 5 % y 12 % al año”, destaca la federación, que aguarda la sanción presidencial y la posterior reglamentación de la medida.

“Renegociar no significa perdonar deudas, sino ofrecer condiciones para que los productores honren sus compromisos, recuperen la capacidad financiera y continúen produciendo. La entidad seguirá acompañando la implementación de las nuevas reglas y exigiendo seguridad jurídica, acceso al crédito y soluciones efectivas para el sector”, agregó la federación.